Anotaciones acerca de los contratados de la Administración

De vieja data deviene el criterio que cuando se trata de personal contratado, siendo que sus relaciones se rigen por la ley laboral ordinaria, envuelve una relación que ha de ser conocida por los tribunales por competencia laboral, siendo excluida la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.

Sin embargo, en algunas oportunidades, cuando se consideró que existían múltiples contratos con la Administración, envolvía un nombramiento encubierto, siendo que con tal criterio se derivaba la competencia hacia el contencioso funcionarial y constituía una forma de ingreso a la carrera, conforme la jurisprudencia que privó hasta el 2005 aproximadamente.

Aclarando que la Ley de Carrera Administrativa exigía la celebración de un concurso para validar el ingreso del funcionario a la carrera, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, ante la exigencia del mismo, la jurisprudencia comenzó un cambio en el criterio, descartando la carrera ante la ausencia de concurso, y negando la posibilidad de entender un ingreso a la carrera pese a los múltiples contratos que pudieran existir, separando de manera contundente el conocimiento de las causas incoadas por los funcionarios públicos (contencioso funcionarial), de las reclamaciones del personal contratado, el cual debe ser tramitado por ante los tribunales con competencia laboral.

Tal distinción encontraba una excepción, y es la del personal contratado que reclama reconocimiento como funcionario público, toda vez que el órgano llamado a reconocer si se trata o no de un funcionario público y, en consecuencia, a tramitar la reclamación de la querella es el contencioso funcionarial, lo cual conlleva a una distinción del personal contratado.
1.- Si se trata de un contratado que reclama prestaciones sociales, o reclama una pretensión de índole laboral, el conocimiento se encuentra atribuido a los tribunales laborales.
2.- Si se trata de una persona que se endilga la condición de funcionario público, independientemente de la existencia de contrato de trabajo, el competente para conocer y declarar la condición de funcionario es el contencioso funcionarial.

Ahora bien, el Titulo IV de la Ley del Estatuto de la Función Pública, regula lo referente al personal contratado, señalando que sólo puede procederse a contratar, en aquellos casos “en que se requiera personal altamente calificado”.( Artículo 37 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), lo cual necesariamente se relaciona con la parte final del mismo artículo que señala expresamente que “Se prohibirá la contratación de personal para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en la presente Ley”.

Lo anterior implica que no puede ingresar un personal por la vía del contrato, a los fines de realizar funciones ordinarias.

Al igual que en materia laboral, el contrato a tiempo determinado solo procede en los casos en que circunstancias excepcionales lo exige. Toda vez que admitir el contrato para funciones ordinarias o rutinarias se constituye en una burla a la estabilidad, con mayor razón en la función pública, en la cual se procura que las personas aptas y calificadas puedan ingresar a la Administración, con la respectiva estabilidad en el ejercicio de sus cargos.

De tal forma que cuando se ingresa a una persona para el ejercicio de funciones rutinarias propias del funcionario público, no solo se atenta contra el derecho del contrato y sus expectativas de ingreso, sino que se causa una afrenta al colectivo, pues impide que se dé cumplimiento al derecho del ejercicio de cargos públicos constituyendo además una contravención expresa a la prohibición de Ley, que implica la responsabilidad de titular.

Por otro lado, la misma Ley prevé que el régimen aplicable es el previsto en el contrato y en la legislación laboral, lo cual sólo refiere al derecho sustantivo a aplicar.

Es el caso que al igual que lo que sucede con los docentes, la aplicación sustantiva no impide necesariamente el conocimiento de la acción por un determinado tribunal, que en el caso de los contratados se agrega además el hecho que la propia Ley regula las condiciones de procedencia del contrato y, en consecuencia, la controversia que podría surgir entre un contratado y la Administración, encuadra perfectamente en los supuestos que regula el artículo 93 de la misma Ley del Estatuto de la Función Pública, lo que implica que se trata de aplicar lo sustantivo de la Ley, lo que nos lleva a la conclusión, que las reclamaciones de los contratados de la Administración, corresponden a los juzgados superiores funcionariales, pues, en definitiva, se trata de una acción ejercida contra la Administración, que de conformidad con el mandato del artículo 259 Constitucional, solo corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa.

 

 

Por Asleg Abogados
José Gregorio Silva

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *