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¿Qué es la Ley?

Es el conjunto de normas que regulan la conducta de personas nacionales o extranjeras, en un territorio y tiempo determinado. Debe ser dictada, salvo excepciones, por el órgano legislativo con competencia para ello a quien genéricamente llamamos “el legislador”, y requiere para su formación, de una serie de formalidades y requisitos que la distingue entre leyes orgánicas y leyes especiales.


Por eso, dependiendo de su ámbito de aplicación y de competencia, las leyes podrán ser nacionales (aplicadas a todo el territorio de la República),
estaduales (aplicables a los Estados) o municipales (conocidas como ordenanzas, y aplicadas solo dentro de un Municipio).

En cada caso, para estos entes político territoriales (República-Estados-Municipios), las competencias y ámbitos de aplicación, les vienen dadas
constitucionalmente, y cada materia a desarrollar en la Ley, deberá tener estrecha vinculación con lo consagrado en nuestra Constitución, pues todo lo que sea contrario a ella, es nulo. Las Leyes que protegen los derechos constitucionales se llaman Orgánicas, y su proceso de formación es más complejo, por la importancia del interés jurídico protegido.

De conformidad con el artículo 24 de la Constitución venezolana y 3 de su Código Civil, en ningún caso tendrán carácter retroactivo, salvo que beneficie a un reo como única excepción, por lo que una Ley recién sancionada no podrá aplicarse a hechos pasados antes de su entrada en vigencia.

En consecuencia, será obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha a posterior que ella misma indique, y sólo podrá dejar de aplicarse cuando sean derogadas por otras leyes, no pudiendo alegarse para su inobservancia el desuso, la costumbre o práctica en contrario, por antiguos y universales que sean. Aunque un venezolano se encuentre en territorio extranjero, será siempre obligatoria el cumplimiento de las leyes que tengan que ver con su estado y capacidad.

Dado su obligatoriedad, la renuncia de las leyes por parte de los que a ella estén sujetos no surte efecto, ni mucho menos podrá pactarse por convenios particulares aquellas en cuya observancia estén interesados el orden público o las buenas costumbres.

Para interpretarla, deberá atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la
intención del legislador, pero en ningún caso podrá alegarse su desconocimiento o ignorancia para excusar o relevar su cumplimiento, sea que
ordene, prohíba o permita una conducta determinada, porque ante todo es generalizada y abstracta y delimitadora del libre albedrío de
las personas dentro de la sociedad, razón por la cual todos debemos obediencia.

 

Por ASLEG Abogados,

Abog. Rosana A. Bielinis Spada

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